Agosto de 1989 fue el escenario de virajes políticos sorprendentes. Carlos Menem profundizó su alejamiento de la prédica estatista del peronismo tradicional y adelantó variaciones en el tratamiento de la cuestión militar.
Como telón de fondo se dibujó la crisis económica que en Tucumán se agudizó por los efectos devastadores de las heladas en los cañaverales.
El foco más crítico se ubicó en Leales, donde el ingenio homónimo parecía condenado a no moler. El salvamento de esa fábrica demandó laboriosas gestiones en el mundo gubernamental y empresario.
Acto de reparación
La ola pacificadora que inspiraba el riojano impactó en Tucumán con la oferta de un acto de arrepentimiento que se proponían realizar policías amotinados que protagonizaron un ataque contra la Legislatura el 15 de septiembre de 1987.
El diputado Raúl Penna (PJ) ofició de nexo entre aquellos y el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Roberto Castro. Penna manifestaba el 3 de agosto que la iniciativa se correspondía con el propósito de Menem de lograr el reencuentro de la sociedad.
La actividad se concretó finalmente en la sede legislativa. Este es un compromiso recíproco por el que debemos dejar de lado las lesiones del pasado, dijo Castro. Los oficiales auxiliares Daniel Ponce de León y Miguel Antonio Pereyra, en representación de los policías en actividad y del Movimiento Policial (MOPOL), izaron la bandera de ceremonias, junto con Penna. A ese acto no asistió el bloque de diputados de la UCR, por discrepar con la presencia de los policías insubordinados. Se los vinculaba con Antonio Domingo Bussi.
Malas noticias
La primera semana de agosto puso sobre el tapete la suerte de Yacimientos Minas Agua de Dionisio (YMAD).
El Senado, cediendo a la presión menemista, aprobó la ley de Reforma del Estado. Ésta fue la usina generadora del rediseño del aparato gubernamental, que buscó -entre otras metas- reducir el tamaño del Estado y la transferencia a manos privadas de un conjunto de empresas públicas.
Pues bien, dentro del listado de aquellas figuraba YMAD, en el anexo I. Ante el rector de la UNT, Rodolfo Campero, cuatro diputados anticiparon su rechazo a la ley votada en el Senado. Eran Exequiel Ávila Gallo (Bandera Blanca) y los radicales Julio Romano Norri, Julio Bulacio y Benito Orlando Ferreyra. Se trata de una privatización que no es necesaria, adujo Ávila Gallo. El peronista Antonio Juez Pérez adoptó igual criterio. Campero señaló que se debía defender a ultranza la supervivencia de YMAD conservando el legado de Abel Peirano. Advirtió, además, que una versión indicaba al gobernador Ramón Saadi (Catamarca) como interesado en intervenir la empresa, para colocar un pariente suyo en la administración.
Fuera de peligro
Se tensó el debate entre los diputados de distintos signos partidarios y la comunidad académica. La ausencia de diálogo entre la UNT y el gobierno de Catamarca es el peor daño a nuestros intereses, alegó el decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Florencio Aceñolaza.
El ambiente se distendió cuando el diputado nacional Rodolfo Vargas Aignasse (PJ) informó que en la comisión de Obras Públicas acordó excluir de los activos a desestatizar a YMAD. El diputado catamarqueño Eduardo Rosales acompañó el planteo. No soy privatista, aclaró Vargas Aignasse, quien precisó que era factible la explotación minera por el sector privado. Remarcó que la propiedad del suelo permanecía en manos de la UNT y de Catamarca. Bajo La Alumbrera atraía a inversores privados.
Tras un complicado proceso legislativo, Diputados sancionó la ley de Reforma del Estado el 18 de agosto de 1989.